¿Regresar a los extraditados? Por Joaquín Pérez, abogado de Salvatore Mancuso y de 'Jorge 40'

Revista Cambio, Colombia

La reciente decisión de la Corte Suprema colombiana que niega la extradición de Luis Edgar Medina Flores, Comandante Chaparro, me recordó una experiencia que tuve hace años en un tribunal de un área conservadora de Estados Unidos. Estaba en un juicio sobre narcotráfico en Carolina del Sur, y le pedí a un Juez que excluyera evidencia que había sido obtenida ilegalmente por parte de la Policía en el carro que mi cliente manejaba. El Comandante Chaparro, mi defendido, no era un ángel y no podía justificar los 40 kilos de cocaína pura que llevaba en el baúl de su carro cuando la policía lo paró.

Fue entonces cuando le mencioné a los presentes en la Corte algo que los sorprendió. La ley no protege a los narcotraficantes sino a todos los ciudadanos, incluidos el Juez, el Fiscal, y los miembros de la comunidad. Está diseñada para evitar que ciudadanos inocentes sean detenidos injustamente por las autoridades.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en forma valiente tiene en cuenta diferentes intereses de la sociedad que justifican negar la extradición. La Corte reconoció que la extradición de alguien que tenga información sobre el conflicto colombiano vulnera el espíritu de la Ley de Justicia y Paz, ignora los derechos de las víctimas, y traumatiza el funcionamiento de la administración de la justicia y, finalmente, que la gravedad de los delitos cometidos en el exterior es menor respecto a los delitos que se le imputan en Colombia. "Atentaría contra derechos fundamentales de terceros que al ponderarlos con el interés particular del país solicitante se tornan intangibles, caso en el cual puede emitir concepto condicionando la extradición, y en supuestos extremos, negándola", la Corte declaró el mes pasado en una decisión sin precedentes.

Durante el transcurso de los últimos 14 meses he representado a dos de las personas que mejor conocen el conflicto en Colombia: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo. Los dos tienen perspectivas diferentes sobre el proceso de Justicia y Paz. Mancuso, uno de los gestores del proceso de desmovilización, ha tratado por todos sus medios mantenerse activo en la promoción de un proceso en el cual ha puesto todas sus energías. Por el otro lado, Rodrigo Tovar Pupo ha cuestionado el proceso, e inclusive sugirió en su tiempo que el Gobierno iba a traicionar los principios del mismo.

Independientemente de las posiciones de esos ex comandantes, Mancuso y Tovar nunca han sentido que la ley 975 -la que establece el proceso de Justicia y Paz-, haya sido hecha para beneficiarlos a ellos. De hecho, la ley fue diseñada -como indica la Corte-, "para encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre Justicia y Paz que nos permita satisfacer los intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva en la superación de los problemas de violencia que tanto sufrimiento le han causado al país."

Así como en Estados Unidos la Constitución protege los intereses de libertad y privacidad de los ciudadanos, -incluso a los delincuentes-, la ley de Justicia y Paz esta diseñada para el bien común, y no para unos pocos. La pregunta que se hace la Corte es hasta qué punto este proceso puede sobrevivir si se extraditan las personas que tienen más datos sobre el conflicto, que pueden identificar los actores legales e ilegales del mismo, y que pueden facilitar la reparación a las victimas. Pensar que a casi 3000 kilómetros de distancia su participación en Justicia y Paz puede seguir no es razonable por razones logísticas y prácticas, y porque la distancia geográfica hace más difícil el traslado de información.

Ahora se debería analizar más bien la posibilidad de traer de regreso a Colombia los detenidos que han estado en cárceles de Estados Unidos sin acceso a la información que necesitan para reconstruir el pasado, y que han permanecido aislados de sus familias y de sus fuentes. Se podría buscar una fórmula realista para que los participantes paguen una pena conjunta en ambos países. En una reunión reciente entre miembros de la Corte Suprema y el Presidente de la República se sugirió el nombramiento de un Magistrado con status diplomático para facilitar el flujo de información dentro del proceso, pero esa idea entorpecería el proceso. Yo estuve presente cuando el Senador Rodrigo Lara y la Senadora Piedad Córdoba intentaron entrar a la cárcel de Washington y fueron rechazados sin ninguna justificación, y no me gustaría que un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia fuera tratado de una forma indigna de su posición.

En estos momentos mis clientes se encuentran aislados en cárceles remotas, aproximadamente a tres horas de Washington DC. Los sacaron de las cárceles de la Capital con el argumento de que eran terroristas, cuando en realidad habían sido prisioneros modelos durante su reclusión. Como indicó la Corte Suprema, no resulta admisible que un proceso de paz como el promovido por el gobierno nacional, dirigido a la desmovilización de los paramilitares, quede en manos de gobiernos extranjeros y de su voluntad de permitir la reconstrucción de una verdad que reclama la sociedad colombiana.